El Gobierno Dominicano defiende la Ley DNI frente a críticas. Promete respetar el fallo del Tribunal Constitucional y dialogar con sectores preocupados.
El Gobierno de la República Dominicana ha salido en defensa de la Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta ley ha generado controversia, especialmente entre entidades como la Sociedad Dominicana de Diarios, que la consideran una amenaza para derechos fundamentales.
Mediante un comunicado del vocero Homero Figueroa, la administración de Luis Abinader subrayó la importancia de esta ley en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción, calificándola de herramienta legal indispensable. El gobierno también enfatizó su respeto por la separación de poderes.
Aunque el ejecutivo sostiene que la ley no infringe derechos, ha expresado su disposición a acatar cualquier veredicto del Tribunal Constitucional respecto a los desafíos legales presentados contra la ley.
El gobierno ha anunciado un diálogo con grupos interesados para discutir la ley, nombrando al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y al director del DNI, Luis Soto, para coordinar estas reuniones.
Peralta y Soto dialogarán con representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, y otros sectores.
La Sociedad Dominicana de Diarios ha manifestado su inquietud por ciertas ambigüedades en la ley, particularmente en los artículos 9, 11 y 26, y ha iniciado consultas legales con varios sectores para evaluar su impacto en la libertad de prensa y los derechos a la privacidad y el secreto profesional.
El artículo 11 de la ley exige que todas las entidades estatales, privadas y personas físicas provean a la DNI cualquier información que esta requiera en asuntos de seguridad nacional, respetando los procedimientos legales para proteger la intimidad y el honor personal.
Por su parte, el artículo 26 impone sanciones penales a quienes oculten información solicitada por la DNI.
Diversas personalidades políticas y jurídicas han apoyado la postura de la Sociedad Dominicana de Diarios en este debate.
El gobierno reitera su compromiso con los principios constitucionales y la separación de poderes. Aunque cree que la Ley 1-24 es constitucional, respeta el proceso judicial y espera la decisión del Tribunal Constitucional.
Este compromiso con el diálogo y la transparencia es parte de un esfuerzo mayor para establecer un marco legal que refuerce la seguridad nacional sin comprometer los derechos de los ciudadanos.
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