Imponen 500 mil pesos y presentación periódica en caso Stephora a tres implicadas, mientras una cuarta es liberada al no hallarse pruebas en su contra.
El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso una garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica a tres empleadas del colegio Leonardo Da Vinci, implicadas en el caso de la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar. Las medidas recaen sobre Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Estas deberán cumplir con las disposiciones mientras avanza la investigación del Ministerio Público.
En contraste, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo, fue dejada en libertad tras determinarse que no existían pruebas que la vincularan a los hechos. Su abogada, María del Pilar Zuleta, explicó que los arraigos presentados, incluidos que no estuvo en la hacienda donde ocurrió el fallecimiento, impedían la imposición de medidas de coerción. La decisión ha generado inconformidad tanto en el Ministerio Público como en los abogados de la familia de Stephora, quienes respetaron el fallo, pero señalaron que los verdaderos responsables no fueron incluidos en la solicitud de coerción.
La magistrada Olga Diná, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), anunció que el Ministerio Público apelará la decisión. La primera audiencia había sido aplazada para dar tiempo a la defensa de revisar el expediente y presentar documentos necesarios. Las imputadas enfrentan cargos por homicidio involuntario y negligencia, según la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público. El proceso continúa mientras la familia de la menor exige justicia.
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