Donald Trump, tras su victoria electoral, anuncia medidas como deportaciones masivas y la eliminación de DACA y parole, lo que podría impactar a más de 19 millones de latinos en Estados Unidos.
El contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales no habría sido posible sin el apoyo de una parte del electorado latino. Este giro en un grupo tradicionalmente demócrata ha llevado al poder a quien ha hecho de la lucha contra la inmigración una de sus principales banderas. Durante su campaña, Trump difundió un discurso controvertido, calificando a los migrantes de criminales que "envenenan la sangre del país" y afirmando que tienen "genes malos". Aunque se ha desvinculado de algunas de estas declaraciones, se prevé que el "Proyecto 2025″, realizado por un grupo de seguidores que priorizan reducir la inmigración, guiará su política.
Los latinos que son ciudadanos estadounidenses y han votado por Trump no se sienten aludidos por las amenazas del presidente electo. Sin embargo, si llega a cumplir todas sus promesas contra la inmigración, se estima que unos 19 millones de latinos podrían verse afectados. No son solo los migrantes que serían objeto de la mayor deportación de la historia (indocumentados o no), sino también sus cónyuges, hijos y otros familiares relacionados con ellos. A continuación, se detallan algunas de las medidas que Trump ha anunciado:
Una de las promesas centrales de su discurso es llevar a cabo la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia, afectando a unos 11 millones de personas. Trump respaldaría esta acción con la llamada "Operación Aurora", utilizando una ley de tiempos de guerra que contempla la expulsión de enemigos que invaden Estados Unidos. Desde su promulgación a finales del siglo XVIII, esta norma solo se ha aplicado en tres ocasiones: la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Organizaciones latinas de derechos civiles alertan que la operación podría no limitarse solo a migrantes sin documentos estadounidenses.
En numerosas ocasiones, Trump ha equiparado a los migrantes sin papeles con delincuentes que roban, matan y violan, considerándolos enemigos del país. Los acusa de reemplazar a trabajadores estadounidenses y causar desempleo, a pesar de que estudios apuntan a que una deportación masiva sería muy negativa para la economía del país. Los migrantes indocumentados suelen ocupar empleos que los estadounidenses no desean, como trabajos agrícolas, pagan impuestos y contribuyen a la seguridad social sin beneficiarse directamente de ella.
En 2017, durante su anterior presidencia, Trump intentó eliminar el programa DACA, pero el Tribunal Supremo se lo impidió, aunque admitió que el presidente tiene autoridad para anularlo. El programa, aprobado en 2012 bajo la presidencia de Barack Obama, concede permiso de residencia y trabajo a migrantes que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños. A petición de varios estados gobernados por republicanos, un juez de Texas paralizó el programa, que ya no acepta nuevos solicitantes. Los beneficiarios, unos 580,000 "dreamers", pueden seguir renovándolo cada dos años. Estos jóvenes llevan más de dos décadas en el país, son profesionales, han formado familias y consideran a Estados Unidos su hogar.
El Programa "Manteniendo a las Familias Unidas", aprobado por Joe Biden en junio de este año, se convirtió en la mayor reforma migratoria de su administración al conceder la residencia a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, fue interrumpido días después por un juez federal de Texas, a petición del fiscal republicano Ken Paxton y 15 estados republicanos. Trump se opuso al programa y acusó a Biden de conceder una "amnistía masiva" a quienes entraron ilegalmente al país. Medio millón de personas y sus hijos podrían haberse beneficiado de este programa, conocido en inglés como "Parole in Place".
Trump también ha expresado su intención de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege a unas 330,000 personas que, de regresar a sus países, enfrentarían violencia, hambruna o desastres naturales. Los mayores grupos beneficiarios del TPS provienen de El Salvador (195,000 personas), Honduras (57,000 personas) y Haití (50,000 personas). En una entrevista reciente, Trump declaró que revocaría este estatus y retornaría a los inmigrantes a sus países de origen.
Además, unas 530,000 personas han llegado al país bajo el programa de "parole humanitario", que permitió la entrada de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Aprobado en 2022, concedía asilo a quienes huían de regímenes autoritarios, siempre que cumplieran ciertos requisitos. Trump los considera "migrantes ilegales" y ha criticado que se les otorgue permiso de trabajo.
El presidente electo también ha prometido eliminar la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, una propuesta que contradice la interpretación histórica de la Enmienda 14 de la Constitución del siglo XIX. En un vídeo publicado en X, Trump afirmó que esta política es un imán para migrantes provenientes de cárceles e instituciones de salud mental. "Desde el primer día, firmaré una orden ejecutiva por la que los hijos de extranjeros ilegales no recibirán la ciudadanía automática", prometió.
Estas propuestas han generado preocupación entre las comunidades latinas y organizaciones de derechos civiles, que temen por el futuro de millones de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos.
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