Más de 300 haitianos obligaron a pescadores dominicanos a retirarse del río Bajabonico en Puerto Plata. Los afectados hacen un llamado a las autoridades para intervenir y evitar confrontaciones en este punto fronterizo entre República Dominicana y Haití.
Más de 300 ciudadanos haitianos forzaron a decenas de pescadores dominicanos a abandonar sus labores en el río Bajabonico, ubicado en el distrito municipal de La Isabela Histórica, municipio de Luperón, en Puerto Plata. Los pescadores afectados, miembros de la Asociación de Pescadores de Anguilas de la zona, denunciaron que fueron sorprendidos la noche del miércoles cuando el numeroso grupo de haitianos les impidió realizar su trabajo habitual.
En una llamada al programa Notisucesos de Radio Puerto Plata, un integrante de la asociación expresó su preocupación y advirtió sobre el riesgo de que se produzca una confrontación si el grupo vuelve a presentarse. "Si nuevamente se presentan para desalojarnos, iremos preparados para defender nuestro derecho a trabajar y sustentar a nuestras familias", manifestó.
El pescador explicó que más de 100 dominicanos se ven afectados por esta situación, ya que tienen asignado un día a la semana para pescar, organizados en cuatro grupos de alrededor de 30 personas cada uno. Su jornada comienza alrededor de las 4:00 de la tarde, preparando los chinchorros, y se extiende hasta las 2:00 de la madrugada. Indicó que a partir de esa hora, personas a las que denominó "piratas" suelen acudir a pescar de manera ilegal.
Hizo un llamado urgente a las autoridades dominicanas para que intervengan y controlen la situación en este río que sirve como límite natural entre República Dominicana y Haití, evitando así una posible "desgracia de grandes proporciones". Señaló que en las zonas de Candelón y Barrancón existen asentamientos ilegales de cientos de haitianos, situación que, según él, es conocida por las autoridades pero no ha sido abordada.
Los pescadores de anguilas de la región están formalmente agrupados en una asociación y cuentan con una cooperativa, operando bajo las autorizaciones correspondientes de las autoridades del sector. "Nuestra labor es legal y es el sustento de nuestras familias; necesitamos protección para continuar trabajando en paz", afirmó.
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