La Contraloría de Chile reveló que miles de funcionarios públicos usaron licencias médicas para ausentarse y viajar, generando pérdidas millonarias.
El Gobierno de Chile investiga un amplio esquema de fraude en el uso de licencias médicas remuneradas por parte de funcionarios públicos, que le costó al Estado más de 350 millones de dólares en 2024. Un informe de la Contraloría General detectó que al menos 25,078 funcionarios habrían salido del país durante su período de reposo médico entre 2023 y 2024.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, informó que los servicios públicos iniciarán sumarios administrativos y exigirán el reembolso de los pagos indebidos. Las investigaciones también contemplan sanciones penales, dado el uso doloso de un beneficio fiscal. En total, se identificaron 35,585 licencias médicas asociadas a 59,575 salidas del país.
El informe también señala que 13 instituciones públicas concentran el 25% de las licencias, entre ellas la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Fundación Integra y la Municipalidad de Arica. Este caso revive precedentes como el de 2022, cuando dos médicos colombianos lideraban una red que vendía licencias falsas a cambio de dinero, involucrando a 30 facultativos.
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