Autoridades migratorias exigen a propietarios entregar información privada de sus inquilinos, incluso sin autorización judicial.
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han comenzado a solicitar a propietarios de viviendas información detallada sobre sus inquilinos, incluyendo contratos de arrendamiento, solicitudes, identificaciones y datos de convivientes. Estas peticiones, que no cuentan con firma judicial, provienen de la unidad antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y forman parte de la ofensiva del gobierno de Donald Trump para acelerar las deportaciones masivas.
Expertos legales han advertido sobre la legalidad de estas solicitudes, considerando que podrían violar la Ley de Vivienda Justa y suponer un riesgo para los propietarios que entreguen datos sin orden judicial. Organizaciones de defensa han reiterado que los ciudadanos no deben acatar requerimientos que no estén firmados por un juez y han denunciado el uso de estas tácticas como coercitivas.
Desde el gobierno, se defiende la práctica alegando que los requerimientos administrativos del ICE tienen base legal y podrían acarrear consecuencias por desacato. Sin embargo, juristas y defensores de derechos civiles alertan sobre la posibilidad de violaciones a la privacidad y discriminación sin el debido proceso judicial.
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