La nueva ley castiga con hasta un año de prisión las amenazas o palabras ofensivas contra funcionarios, aunque sean en privado.
El artículo 310 del nuevo Código Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 74-25, establece penas de hasta un año de prisión y multas económicas para quienes profieran amenazas o expresiones ofensivas en privado contra funcionarios públicos. Este tipo de acto se considera “ultraje” a la dignidad del cargo que desempeña el servidor afectado.
La norma tipifica como ultraje toda palabra, amenaza, escrito, imagen u objeto enviado de forma no pública, pero que atente contra la dignidad personal o funcional del servidor público. La sanción incluye prisión de 15 días a 1 año y una multa equivalente a dos o tres veces el salario del funcionario al momento del hecho.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia dentro de 12 meses, también contempla modificaciones importantes como el aumento de la pena máxima a 40 años y hasta 60 en casos de concurso de delitos graves, y establece una excusa legal por provocación en casos de homicidio, lesiones o golpes.
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