El presidente Abinader decreta la primera regulación de publicidad estatal para asegurar un uso equitativo y transparente en el ciclo electoral.
Al iniciar el año electoral, el presidente Luis Abinader promulgó su primer decreto, enfocado en la regulación de la publicidad gubernamental. La medida, descrita por el propio mandatario como "una camisa de fuerza", apunta a imponer restricciones autoimpuestas en un periodo crítico para la política del país.
El decreto, numerado como 1-24 y firmado con gran ceremonia en el Palacio Nacional, inaugura un precedente al regular la publicidad oficial. Esta normativa no implica recortes en el presupuesto destinado a la publicidad estatal, garantizando la continuidad del gasto público en este aspecto.
El propósito del decreto es establecer directrices claras para la adquisición de servicios publicitarios por parte de entidades estatales, involucrando a medios de comunicación, periodistas y figuras influyentes en el ámbito digital.
Homero Figueroa, portavoz presidencial, defendió la eficiencia del gasto actual en publicidad, contrarrestando las críticas de la oposición respecto al elevado presupuesto destinado a promover la imagen del presidente. Según Figueroa, no se prevén ajustes presupuestarios ya que los gastos de comunicación del año previo reflejan una ejecución eficiente de 3,594,417,516.30 pesos.
Figueroa también abordó las preocupaciones sobre el impacto que la nueva regulación podría tener en los pequeños empresarios digitales. Aseguró que todos, sin importar su tamaño, continuarán recibiendo publicidad estatal, descartando efectos negativos en este sector.
El presidente Abinader expresó su conciencia sobre la inusual naturaleza de este decreto en un contexto electoral: "Yo sé que es extraño porque es una camisa de fuerza que nos ponemos nosotros en un año electoral. Pero es un año electoral que es diferente", subrayando el compromiso de su administración con el uso responsable de los recursos públicos.
Después de aproximadamente cuatro meses de deliberación y consenso, el decreto fue finalizado días antes del cierre del año. Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, detalló las normativas que las instituciones deben seguir para contratar publicidad.
El documento prohíbe el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos o para favorecer a partidos o candidatos políticos. Establece que solo se promoverán campañas de publicidad institucional con objetivos específicos, como la promoción de valores constitucionales y la difusión de información relevante al ciudadano.
La orden ejecutiva también estipula la prohibición del uso discriminatorio de la publicidad oficial y de subsidios encubiertos para favorecer a medios o comunicadores en particular. Las contrataciones se basarán en criterios objetivos y transparentes, enfocándose en el público objetivo, el alcance y el costo por impacto.
Finalmente, Abinader ha instruido a las instituciones a minimizar la publicidad a lo esencial, siguiendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral y las directrices de la Junta Central Electoral. La Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental tendrán seis meses para desarrollar un reglamento general sobre la publicidad oficial, el cual será sometido a consulta pública.
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