La Fundación UNEU denuncia que la Ley 34-23 sobre autismo sigue sin aplicarse por falta de recursos y apoyo estatal.
La Fundación Unidos por la Neurodiversidad (UNEU) denunció que la Ley 34-23, destinada a la protección e inclusión de personas con autismo, continúa estancada debido a la falta de financiamiento y voluntad política. Según su presidenta, Maxi Feliz, la implementación de la norma sigue siendo una promesa incumplida, afectando el acceso a terapias y servicios esenciales para quienes padecen trastorno del espectro autista (TEA).
Feliz propuso la creación de un Consejo Nacional de Protección para las personas con TEA, un Ministerio de Educación Especial, centros de diagnóstico en distintas regiones y subsidios estatales para garantizar terapias gratuitas. También destacó la necesidad de incluir tratamientos en el sistema de seguridad social y becas internacionales para formar profesionales especializados.
UNEU hizo un llamado a la sociedad para convertir esta causa en una prioridad nacional y exigir la implementación efectiva de la ley. La fundación reiteró que la igualdad de oportunidades y el respeto por la neurodiversidad son responsabilidades colectivas que deben ser garantizadas por el Estado.
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