Evaluación de jueces de la Suprema genera cuestionamientos tras cuatro renuncias y ante la falta de una matriz pública de puntuación para decidir su permanencia.
La evaluación de jueces de la Suprema genera nuevos cuestionamientos luego de que cuatro magistrados, incluido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, decidieran no someterse al proceso del Consejo Nacional de la Magistratura. También declinaron Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, una posibilidad contemplada por las normas del organismo. Aunque ninguno atribuyó públicamente su decisión a desacuerdos con el procedimiento, las renuncias ocurren menos de un año después de que Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón no fueran confirmados tras sus respectivas evaluaciones.
La Constitución y la Ley 138-11 establecen que los jueces de la Suprema deben ser evaluados al término de siete años y contemplan criterios como integridad, capacidad profesional, laboriosidad, eficiencia, competencias académicas e imagen pública. El Reglamento 2-25 incorpora además indicadores relacionados con producción de sentencias, tiempo de resolución, expedientes pendientes, independencia, imparcialidad y disciplina. Sin embargo, el procedimiento no dispone de una matriz pública de puntuación que permita determinar cuánto pesa cada criterio o establecer objetivamente cuándo el desempeño de un magistrado resulta suficiente para permanecer en el cargo. En evaluaciones anteriores, algunos jueces recibieron votaciones divididas y el voto calificado del presidente Luis Abinader terminó definiendo el resultado.
El debate también alcanza la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por representantes de diferentes poderes del Estado y con una importante presencia de la mayoría política gobernante. Esa configuración no invalida sus decisiones, pero adquiere relevancia ante la ausencia de una metodología objetiva que reduzca el margen de apreciación de sus integrantes. El sistema establece los elementos que deben evaluarse y obliga a fundamentar la separación de un magistrado, pero persisten interrogantes sobre cómo los informes técnicos, estadísticas, entrevistas y demás indicadores se convierten finalmente en una decisión sobre la continuidad de los jueces de la máxima corte ordinaria del país.
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