La sentencia que despenaliza relaciones homosexuales en la Policía y las Fuerzas Armadas generó un frente común entre líderes católicos y evangélicos que consideran la medida inconveniente.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto las sanciones por relaciones homosexuales en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas provocó un rechazo simultáneo en los principales sectores religiosos del país. El obispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, calificó el fallo como inconveniente y cuestionó la falta de ponderación del tribunal. Para él, la medida envía una señal social inapropiada y vulnera la visión tradicional de la familia, avivando la inquietud de grupos cristianos que advierten impactos en instituciones disciplinarias.
Las entidades evangélicas respaldaron ese criterio y denunciaron la sentencia TC/1225/25 como un retroceso moral. Para la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, el fallo constituye una quiebra de principios éticos y un desconocimiento del orden constitucional. A su vez, Codue aseguró que la decisión afectará la disciplina interna de los cuerpos castrenses y abre un precedente que consideran riesgoso. Ambos sectores pidieron revisar o revertir la medida, al entender que erosiona valores tradicionales y afecta el orden institucional.
El fallo declaró inconstitucionales los artículos que penalizaban la sodomía con prisión correccional por considerar que discriminaban de forma injustificada y vulneraban derechos fundamentales. Sin embargo, la decisión no fue unánime: la magistrada Eunisis Vásquez Acosta emitió un voto disidente al sostener que las normas debieron analizarse desde el régimen disciplinario militar, donde se permiten ciertas restricciones. Esta postura coincide parcialmente con la preocupación expresada por distintos líderes religiosos sobre el impacto en la estructura castrense.
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