La sentencia del Tribunal Constitucional sobre candidaturas independientes genera disenso interno y preocupaciones de partidos políticos sobre desigualdad y riesgos en la competencia electoral.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucionales dos artículos de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, relacionados con las candidaturas independientes, ha generado divisiones tanto dentro del órgano como entre los partidos políticos.
Dos jueces del TC, José Alejandro Vargas y Army Ferreira, emitieron votos disidentes, señalando que el tribunal excedió su función al dictar el contenido que deberían tener los artículos modificados, invadiendo competencias del Poder Legislativo. Ambos destacaron que, aunque la acción busca proteger derechos fundamentales, se debe actuar con prudencia para evitar afectar el equilibrio de poderes y crear desigualdad en la normativa electoral.
Por su parte, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, propuso que la Junta Central Electoral convoque a los partidos políticos para discutir los ajustes necesarios. Las agrupaciones políticas han manifestado preocupaciones sobre desigualdad en la competencia, logística electoral y la posibilidad de apertura a candidatos vinculados a actividades ilícitas.
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