El juez Samuel Alito se opone a frenar la deportación de venezolanos ordenada por Trump bajo ley del siglo XVIII.
El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, expresó su desacuerdo con la reciente decisión del alto tribunal de suspender la deportación de migrantes venezolanos ordenada por el presidente Donald Trump. La medida, tomada en la madrugada del sábado, fue calificada por Alito como “precipitada” y “legalmente cuestionable”, alegando que se emitió sin escuchar a la parte contraria ni justificar su urgencia.
La deportación fue parte de una controvertida orden de Trump que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, generalmente reservada para tiempos de guerra. La disposición buscaba trasladar a supuestos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Solo Alito y su colega Clarence Thomas votaron en contra de la suspensión, entre los nueve jueces del tribunal.
La intervención judicial se produjo tras una acción legal de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), que alertó sobre una “expulsión inminente”. La Corte también había intervenido recientemente para ordenar el regreso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado erróneamente bajo la misma ley. A pesar del fallo judicial, Trump insiste en vincular a Ábrego y a los venezolanos deportados con grupos criminales, reforzando su política migratoria de línea dura.
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