La fallida compra de la casa de Allende provoca renuncias, investigaciones y tensión interna en el gobierno de Gabriel Boric.
La intención del gobierno chileno de adquirir la antigua casa de Salvador Allende para convertirla en museo ha desencadenado una crisis política de alto impacto. El presidente Gabriel Boric firmó en diciembre el decreto para la compra, pero la operación fue anulada por violar una norma constitucional que prohíbe a ministros y legisladores firmar contratos con el Estado. Esta omisión, pasada por alto por los asesores legales, generó la salida de dos ministras y el fin de la carrera parlamentaria de la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario.
La propiedad, valorada en más de 900 mil dólares, pertenece en parte a Isabel Allende y a su sobrina Maya Fernández, quien renunció como ministra de Defensa para evitar un proceso ante el Tribunal Constitucional. La senadora, visiblemente afectada, se despidió del Congreso tras tres décadas de labor legislativa. También dimitió la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, cuya cartera avaló la compra.
El presidente Boric, admirador de Allende, enfrenta ahora una investigación penal por presunto fraude al fisco, aunque especialistas consideran improbable su avance judicial. Sin embargo, el daño político ya está hecho. En un año electoral clave, la polémica ha tensado las relaciones entre los partidos de la coalición gobernante, con el Partido Socialista exigiendo que el Frente Amplio también asuma responsabilidades. Analistas califican la fallida compra como el mayor error político del actual gobierno.
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