Un informe de la OCDE señala que la inteligencia artificial puede agilizar tareas rutinarias en el sector público y mejorar la eficiencia, aunque su adopción aún enfrenta grandes desafíos.
Un estudio de la OCDE indica que la inteligencia artificial puede convertir al servicio público en un sistema más ágil, accesible y eficiente, destacando que gobiernos con mayor madurez digital ya la consideran un motor estratégico. La investigación cita estimaciones del Instituto Alan Turing, que proyecta que la IA podría automatizar hasta el 84% de las transacciones repetitivas, aunque su uso sigue rezagado frente al sector privado. También precisa que su implementación es más frecuente en servicios, justicia y participación cívica.
El informe advierte que la IA conlleva riesgos como sesgos algorítmicos, falta de transparencia, erosión de la responsabilidad y ampliación de brechas digitales, factores que podrían debilitar la confianza pública. A esto se suma la posibilidad de que la automatización genere desplazamiento laboral si no se orienta a fortalecer, en lugar de sustituir, las capacidades de los funcionarios. La OCDE sostiene que el riesgo mayor para los gobiernos es no adoptar estas herramientas y quedar rezagados frente al sector privado.
Pese al avance de proyectos piloto, persisten desafíos como la falta de datos de calidad, limitaciones normativas, costos financieros y dificultades para supervisar y evaluar resultados. La organización propone habilitadores como gobernanza clara, infraestructura digital robusta, competencias técnicas y mejores procesos de contratación, además de salvaguardas que garanticen transparencia, rendición de cuentas y participación de la ciudadanía y actores no gubernamentales.
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