El Ministerio Público asegura que Jochi Gómez utilizó cámaras instaladas en calles de RD para espionaje, bajo la operación Camaleón.
El Ministerio Público (MP) ha revelado detalles alarmantes sobre una presunta red de corrupción y espionaje liderada por José "Jochi" Ángel Gómez-Canaán, quien fue arrestado durante la denominada “Operación Camaleón”. Este esquema ilegal, según las investigaciones, implicaba el uso de cámaras instaladas en las calles de República Dominicana para fines de espionaje y recopilación de información de los ciudadanos sin su consentimiento.
La red fue descubierta tras una investigación que involucró a Transcore Latam, la empresa vinculada a Gómez-Canaán, la cual había ganado una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant). Sin embargo, el MP asegura que, en lugar de cumplir con los términos establecidos en la licitación, la compañía instaló equipos adicionales no autorizados, como fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink, elementos que no formaban parte de la oferta técnica original.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue la instalación de 55 cámaras que, según el MP, formaban parte de un “esquema ilegal de espionaje” que era dirigido por Gómez-Canaán y Carlos Peguero, otro de los implicados en el caso. Estas cámaras tenían la capacidad de capturar imágenes en tiempo real y almacenar un "volumen significativo" de datos, lo que generó serias preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos. Las autoridades han señalado que esta manipulación de datos y la vigilancia encubierta constituyen delitos graves, no solo contra la privacidad, sino también contra la seguridad pública.
El Ministerio Público también destacó que la información recopilada a través de estas cámaras podría haber sido utilizada para actividades delictivas, como la extorsión. Los fiscales señalaron que este tipo de actos representan una amenaza directa a la seguridad pública y que podrían tener repercusiones a largo plazo, afectando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
A pesar de las preguntas planteadas por los fiscales, Transcore Latam no pudo proporcionar una explicación satisfactoria sobre cómo se procesaban y almacenaban los datos capturados por las cámaras. Según el informe, los servidores utilizados para gestionar la información resultaban “insuficientes” para manejar la cantidad de datos recolectados, lo que plantea dudas adicionales sobre el propósito de este esquema de vigilancia encubierta.
El MP también ha señalado que esta operación ilegal podría haber sido más extensa de lo que inicialmente se creía, involucrando a otros actores del sector público y privado. Las investigaciones siguen su curso, mientras las autoridades evalúan el alcance total de las actividades realizadas por la red de espionaje y el posible impacto en la seguridad nacional.
El caso ha generado una gran controversia en el país, no solo por las acusaciones de corrupción y espionaje, sino también por el abuso de recursos públicos destinados a mejorar la infraestructura de tráfico en la capital. El uso indebido de los fondos y las tecnologías implementadas para otros fines ha desatado un debate sobre la responsabilidad del Intrant y otros organismos involucrados en la licitación.
Mientras se esperan nuevas revelaciones sobre el caso, el Ministerio Público ha dejado claro que tomará medidas enérgicas para llevar a los responsables ante la justicia y evitar que se repitan este tipo de situaciones. Se espera que en las próximas semanas se presenten más pruebas en el proceso judicial y que se defina la medida de coerción contra los implicados.
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