El Gobierno de Nicaragua presentó un proyecto de ley para integrar la regulación del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, generando controversia.
El Ejecutivo de Nicaragua remitió al Parlamento un proyecto de ley que busca consolidar en un solo marco legal las normativas que rigen al Banco Central de Nicaragua (BCN) y la Superintendencia de Bancos. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar la liquidez, atender emergencias financieras y garantizar la continuidad de los pagos y la intermediación bancaria.
El proyecto también contempla la supervisión de grupos financieros extrarregionales y otorga facultades al BCN y a la Superintendencia para acceder a información económica de ciudadanos y empresas en el país. Aunque incluye cláusulas de confidencialidad, estas pueden ser levantadas por decisión de las mismas entidades o mediante intervención judicial.
Medios no oficiales denuncian que la ley podría permitir al Gobierno intervenir en la administración de bancos y acceder a información sensible de los usuarios. La propuesta ha generado polémica entre sectores que temen un control gubernamental sobre el sistema financiero nacional.
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