El gobierno de Perú decretó estado de emergencia por 30 días para enfrentar el crimen, desplegando militares en Lima y restringiendo protestas.
El gobierno del presidente José Jerí decretó un estado de emergencia nacional por 30 días para combatir la creciente ola de criminalidad que afecta a Perú. La medida incluye el despliegue de militares en las calles de Lima, la suspensión de varios derechos constitucionales, como el de reunión y protesta, y la prohibición de que dos adultos viajen en una misma motocicleta.
La policía inició operativos de control de identidad en calles y autobuses, mientras gremios de motociclistas denunciaron la dificultad de cumplir con la norma, ya que más de un millón de peruanos usan este medio como principal herramienta de trabajo. En las cárceles, la emergencia contempla reducir las visitas, cortar la energía eléctrica en celdas y destruir antenas telefónicas ilegales.
El decreto llega tras protestas masivas lideradas por jóvenes de la Generación Z que exigieron la renuncia del mandatario. Críticos señalan que las medidas no resuelven el aumento de la violencia ni los asesinatos, que se triplicaron en siete años. El primer ministro, Ernesto Álvarez, reconoció que el derecho a protestar queda “restringido”, mientras el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes.

















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