Emmanuel Rivera, clave en Operación Nido, recibe 18 meses de prisión preventiva, marcando un hito en el caso de estafa inmobiliaria.
En un caso que ha capturado la atención del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, juez de la Oficina de Atención Permanente, pronunció el jueves las medidas cautelares para los implicados en el escándalo de fraude inmobiliario conocido como Operación Nido. La audiencia, aunque programada para las siete de la noche, no comenzó hasta después de un retraso significativo, cuando el juez hizo su entrada en la sala pasadas las diez y media.
El fallo judicial más contundente recayó sobre Emmanuel Rivera Ledesma, apuntado como el cabecilla de la red de estafa. La corte ordenó su confinamiento en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo-Hombres por un lapso de 18 meses. El Ministerio Público había solicitado anteriormente que se le impusiera prisión preventiva al acusado, que se presentó como ingeniero ante las víctimas.
Eduardo Rivera Pichardo, hijo del acusado, no fue excepción y recibió la misma medida de prisión preventiva. Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López también recibieron órdenes de reclusión de 18 meses; ella en Najayo-Mujeres y él en Najayo-Hombres.
María Gabriela Rivera Pichardo, hija del implicado, enfrenta arresto domiciliario con grillete electrónico y una fianza de tres millones de pesos. Por su parte, el testigo del Ministerio Público, Reilin Arismendy Rosario García, recibió una orden de arresto domiciliario, presentación periódica y grillete electrónico.
La esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, deberá cumplir con una fianza de cinco millones de pesos pagaderos a través de una aseguradora, además de llevar grillete electrónico, y tiene prohibido abandonar el país.
Antes de que se conociera la decisión del magistrado, un grupo de personas afectadas por la presunta red de estafa se congregaron cerca del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Armados con pancartas y velas, los manifestantes exigían que se dictara prisión preventiva para los acusados.
Los manifestantes expresaron su frustración y exigencias de justicia con cánticos como "¿Y el dinero donde está? En el Banco Popular", y "¿Y a Emmanuel lo queremos? Preso".
La acusación sostiene que la supuesta red estafó a sus víctimas vendiendo múltiples veces la misma propiedad y que, además, carecían de los derechos de propiedad de las infraestructuras sobre las que se construían.
Según el Ministerio Público, los implicados no contaban con permisos de construcción y en algunos casos ni siquiera poseían la propiedad del terreno. No obstante, procedieron a vender las mismas unidades de apartamentos a diferentes compradores y promocionaron numerosos proyectos y unidades inexistentes.
Las víctimas, incluidos dominicanos residentes en el extranjero y en el país, fueron descritas como el "blanco objetivo" por el Ministerio Público. Muchos de ellos depositaron sumas significativas en bancos para la compra de viviendas, algunas llegando a los seis millones de pesos.
La fiscal Sourelly Jáquez calificó la decisión del tribunal como "justa", señalando que el juez reconoció la gravedad de la situación con "pruebas suficientes, no solamente documentales, sino también periciales".
Además, destacó que las medidas impuestas a aquellos que no enfrentarán prisión preventiva son adecuadas y reflejan la gravedad de sus roles en la red.
Jáquez también reveló que el Ministerio Público está interrogando a otros cinco agentes inmobiliarios vinculados a los proyectos promocionados por Rivera Ledesma y que se están tomando pasos para recuperar propiedades relacionadas con la red, las cuales pasarán a ser administradas por las autoridades.
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