El Tribunal Constitucional limita la capacidad de Pro Consumidor para sancionar, dejando medidas como el decomiso bajo autorización judicial.
Pro Consumidor enfrenta un obstáculo en su capacidad para sancionar comercios por botellones de agua expuestos al sol, tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). La decisión, emitida el 28 de noviembre de 2024, declara inconstitucional la potestad sancionadora de la entidad, señalando que no está explícitamente autorizada por la Ley 358-05.
La sentencia TC/0723/24 establece que las sanciones administrativas deben ser procesadas judicialmente, dejando a Pro Consumidor con medidas limitadas como advertencias y decomisos, siempre con autorización previa de un tribunal. Esto afecta directamente su capacidad de implementar políticas como la protección de botellones de agua de los rayos solares, una regulación que vence este mes.
El fallo insta al Congreso Nacional a reformar la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor para incluir una habilitación clara y específica sobre sanciones administrativas. Mientras tanto, la capacidad de Pro Consumidor para ejercer controles efectivos sobre prácticas comerciales seguirá siendo limitada, dependiendo de procesos judiciales más extensos.
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