La Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley que castiga con prisión, inhabilitación y confiscación de bienes a quienes apoyen sanciones internacionales contra el país.
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por oficialistas, aprobó una controvertida ley que penaliza severamente a quienes respalden sanciones internacionales contra el país. La normativa incluye penas de prisión de hasta 30 años, inhabilitación política por 60 años y confiscación de bienes para los acusados de pedir o apoyar sanciones, desconocer las instituciones públicas o atentar contra la soberanía del país.
El instrumento, calificado como "protector de la independencia nacional", apunta implícitamente a líderes opositores como María Corina Machado, quien enfrenta nuevas acusaciones de traición. En respuesta, críticos y organizaciones de derechos humanos condenaron la medida, considerándola un intento de silenciar a la oposición y criminalizar el disenso.
Esta ley surge en medio de tensiones con Estados Unidos, cuyo Congreso debate sanciones adicionales a Venezuela. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro defiende la normativa como una herramienta para contrarrestar el impacto de lo que denomina "bloqueos criminales", aunque analistas atribuyen la crisis económica interna a su gestión.
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