La tala de árboles en Baní provoca indignación ciudadana y cuestionamientos a las autoridades por la eliminación de robles centenarios durante una obra de RD$57 millones.
La tala de árboles en Baní, provincia Peravia, continúa generando indignación entre ambientalistas, estudiantes, transportistas y residentes, luego de que fueran derribados robles con más de 84 años de antigüedad y árboles de mango ubicados en las inmediaciones de la Gobernación Provincial. La intervención ocurrió durante los trabajos de remodelación de instalaciones gubernamentales, correspondientes a un proyecto valorado en RD$57 millones y ejecutado por la empresa Servicios Ingenieriles y Mineros SRL. La eliminación de estas especies ha provocado cuestionamientos sobre la supervisión de las obras y el cumplimiento de las normativas ambientales, especialmente después de que la Alcaldía de Baní denunciara que los trabajos se realizaron sin los permisos municipales correspondientes.
El senador por Peravia, Julito Fulcar, manifestó su rechazo a la intervención y atribuyó la responsabilidad directa a la compañía contratista, asegurando que la decisión fue ejecutada durante un fin de semana sin conocimiento previo de las autoridades locales. "No es necesario hacer una tala de árboles tan indiscriminada", expresó el legislador, quien también defendió a la gobernadora Yadira Báez al afirmar que ella "no tuvo nada que ver con esa decisión". Fulcar sostuvo que, cuando las autoridades advirtieron lo sucedido, los árboles ya habían sido cortados, por lo que propuso trabajar junto a la empresa responsable para "resarcir el daño" mediante la siembra de nuevas especies.
La controversia también ha puesto bajo cuestionamiento la aplicación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a que, según las informaciones disponibles en la denuncia, no se habían anunciado sanciones, multas ni sometimientos judiciales contra los responsables. Organizaciones comunitarias y defensores del medio ambiente reclaman investigaciones que permitan determinar si existían autorizaciones ambientales, identificar posibles negligencias institucionales y establecer las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, solicitan que se haga público el expediente técnico de la remodelación y se esclarezca el destino de los troncos retirados. Los sectores inconformes sostienen que la reposición de árboles no sustituye la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar la protección del patrimonio ambiental de Baní.
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